Cuando uno habla en Catalunya con personas honradas y pacíficas que, sin haber cometido delito alguno, viven en la sabiduría de que sus correos electrónicos y sus llamadas están siendo grabadas, sin que haya orden judicial alguna, y que en cualquier momento pueden ser acusados y juzgados y que quien ordena esa vigilancia es un enemigo político suyo, comprende que esas personas padecen la persecución de un Estado policial.

Cuando nada menos que jueces del Tribunal Supremo reconocen que tienen personas presas preventivamente y sin pruebas, trasladadas a cárceles fuera de su tierra y lejos de sus casas, cosa que no puede tener otro fin que la humillación, parece evidente que no estamos bajo un estado de derecho y que la Justicia actúa como una parte de la policía al servicio del Gobierno.

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     Solo añadimos esto.