Amenazas físicas, acoso laboral, despidos improcedentes o denuncias cruzadas son el pan de cada día de los whistleblowers españoles

España es el único país de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción a nivel estatal

La negociación de la ley que aspira a hacerlo se reactivará en abril tras pasarse año y medio estancada en el Congreso

En España señalar a los corruptos sale caro. Recibir presiones de la dirección de tu empresa para cometer actos ilícitos y ser despedida por negarte a ello es una represalia común. Es lo que le ocurrió a Azahara Peralta, jefa de Obra de Acuamed. El siguiente peldaño es sufrir acoso laboral, ser despedida, y que la cúpula política a la que denuncias ejerza su poder para que no puedas encontrar trabajo de nuevo. Así lo atestigua el caso de Ana Garrido, testigo de la Gürtel. 

Ser denunciado a consecuencia de destapar la corrupción es el penúltimo escalón. Es lo que le pasó a Roberto Macías, para el que UGT pide cuatro años de cárcel por "revelación de secretos" tras hacer públicas las facturas falsas que el sindicato presuntamente usaba para lucrarse. Su caso es similar al de Cristobal Cantos, que lleva cinco años en los tribunales por las denuncias cruzadas de aquellos a los que él acusó de corrupción y para los que la Fiscalía pide cárcel. 

El Partido Popular REFUERZA LA OMERTÀ, como se ve el PP reacciona como BANDA CRIMINAL Y MAFIOSA PUES CONTROLAN A UNA MAYORÍA DE LOS JUECES, HACEN LAS LEYES, INFECTAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FIJAN LAS CONDENAS MIENTRAS QUE ELLOS LOS MUY HIJOS DE PUTA SE SITÚAN POR ENCIMA DE LA LEY, CON EL AMPARO DE UNA "CONSTITUCIÓN" FASCISTA Y UNA CORONA DE SANGRE, CORRUPPCIÓN Y MUERTE QUE JURO LEALTAD AL ULTIMO DICTADOR DE EUROPA DEL SIGLO XX. wb

VIVA LA ESPAÑA CORRUPPTA POR ENCIMA DE SUS POSIBILIDADES